En la anterior entrada veíamos que el afán independentista de Cataluña no obedece a una sola razón, ni tampoco es cosa nueva. Este proceso , El Procés, ha tomado fuerza en los últimos 7 años, impulsado por Artur Mas*, pero tras su destitución ha sido su sucesor, Carles Puigdemont, actual Presidente del Govern, el que intenta llevar el desafío separatista hasta sus últimas consecuencias. La pregunta formulada era "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí o No". El resultado obtenido pretendía llevar a una declaración unilateral de la independencia, sin embargo, lo que parecía claro hace unos días, no lo es ahora. A la vista de las consecuencias jurídicas y políticas, y de sus desastrosos efectos económicos, existen dudas y divisiones en el bloque secesionista.
Para comenzar, el desafío independentista en Cataluña ha motivado una intensa aceleración del proceso de deslocalizaciones empresariales. Ya entre 2013 y 2016, la región había perdido más de 1.000 sociedades que optaron por cambiar su sede y huir de la incertidumbre que está generando el gobierno de Junts del Sí (Juntos por el Sí). En esta semana grandes empresas con sede social en Cataluña comenzaron a abandonar el territorio. Hasta la fecha, unas 16 han trasladado su domicilio social fuera de la región. El capital tiene miedo y quiere evitar el impacto negativo de una eventual declaración unilateral de independencia. Y es que no es para menos, Banco Sabadell y Caixabank perdieron 3.000 millones de euros en tres días tras desplomarse en Bolsa. Ayer Agbar (tan familiar para los de la Costa Caribe colombia al ser la sociedad que administraba o administra los acueductos de Cartagena y Barranquilla) decidió pasar su sede a Madrid. El dinero huye de la quema, y con todo esto quien pierde es Cataluña, porque la salida de estas empresas reducirá ostensiblemente la confianza de los inversores.
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| De blanco y al grito de 'sin banderas', se han producido manifestaciones en toda España exigiendo el diálogo (Fotografía vía Euronews) |
En este escenario, se observan algunos movimientos en la dirección de aprovechar este compás de espera para encontrar vías de salida, planteándose la necesidad de un referéndum legal y pactado. Es una idea que no solo se propone desde determinados círculos políticos, sino que también encuentra eco en amplios sectores de la opinión pública, que piden recuperar el diálogo entre las instituciones catalanas y el Gobierno de la nación.
Según algunos juristas, un referéndum «consultivo» en Cataluña podría tener cabida en el ordenamiento jurídico español sobre la base del art. 92 de la Constitución. Así pues, sería posible consultar a los catalanes (aunque sin efectos vinculantes) sobre su permanencia en España, y medir así el peso de las diversas opciones. El problema es cómo gestionar políticamente el resultado de ese referéndum consultivo si saliera favorable a la independencia, ya que no sería posible canalizarlo en el actual marco constitucional.Respecto al referéndum «vinculante», que es lo que realmente proponen los soberanistas, no tiene cabida en la Constitución española una consulta que plantee la autodeterminación y en la que solo voten los catalanes. Ningún gobierno puede «pactar» un referéndum de ese tipo sin llevar a cabo una reforma de los citados artículos de la carta magna cambiando el principio de soberanía. Reformar la Constitución en ese sentido (confederal) significaría que el derecho de autodeterminación debiera extenderse, al menos, a cada una de las 17 comunidades que forman el actual Estado español. El problema es que ninguno de los partidos del bloque constitucionalista (PP, PSOE y Cs), hoy mayoritario en las dos cámaras del Parlamento, están dispuestos a aceptar una reforma constitucional de ese calado.
De blanco y al grito de 'sin banderas': manifestaciones en toda España exigen diálogo
En la opinión de Eduardo Moyano Estrada, catedrático de Sociología IESA-CSIC, el único referéndum (vinculante, legal y pactado) que seria factible es el que tenga por objeto aprobar un Estatuto catalán. Sería éste un referéndum en el que votarían solo los catalanes, satisfaciendo así el derecho a decidir que tanto reclaman. No sería, por tanto, un referéndum para votar sobre la independencia, sino para votar sobre un nuevo Estatut en el que se establezca un nuevo encaje de Cataluña en un modelo territorial de corte federal. Esta opción puede que no guste a los independentistas, pero rompería la dinámica de polarización existente y abriría un nuevo escenario. Para ello, haría falta, de un lado, que el Govern volviera a la legalidad, renunciando a declarar la independencia (tiene motivos sobrados para justificar esa renuncia), pero sin abandonar sus aspiraciones históricas, y, de otro, que el bloque constitucionalista apoyara, sin renunciar a la integridad territorial, la reforma del título VIII. Ese es el único diálogo posible, y por el que se debe apostar. La solución a todo este nudo es, pues, diálogo y concordia para evitar un brusco desenlace en el que nadie saldrá beneficiado.
*Artur Mas i Gavarrónota es un economista y ex-político español asociado al Partido Demócrata Europeo Catalán, inhabilitado para cargo público desde 2017 y condenado por desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación como consecuencia de la consulta del 9-N (9 de noviembre de 2014) que buscaba conocer si los catalanes querían que Cataluña sea un Estado y que este sea independiente.
Fuentes: Diario de Córdoba
Huffington Post 
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